La legislatura de Arizona aprobó el año pasado una ley (H.B. 2319 codificada en A.R.S. § 13-3732) que prohíbe la grabación en vídeo de la actividad policial a menos de dos metros de los agentes, tipificando como delito menor de clase 3 (lo que permitiría hasta 30 días de cárcel). La ley incluía algunas excepciones, como para "una persona que sea objeto de contacto policial".

Una coalición de organizaciones de noticias y la ACLU de Arizona demandaron a funcionarios del gobierno estatal y del condado ante un tribunal federal alegando que la ley era inconstitucional. La EFF presentó un escrito amicus curiae en apoyo de los demandantes ante el tribunal de distrito. 

Nos complace informar de que el tribunal del caso, Arizona Broadcasters Association contra Mayes, ha dictado recientemente una dictamen judicial definitivo a favor de los demandantes, de conformidad con un acuerdo entre las partes. La orden impide a los funcionarios del gobierno de Arizona aplicar la ley.

El auto del tribunal incluye un lenguaje contundente a favor del derecho a grabar a la policía. El auto declara que la ley vulnera la Primera Enmienda porque "existe un derecho claramente establecido a grabar a los agentes del orden en el ejercicio de sus funciones oficiales en lugares públicos." Esta conclusión refleja la jurisprudencia del Noveno Circuito (al que pertenece Arizona), así como la de varios otros circuitos.

Es importante destacar que el tribunal también aplicó el escrutinio estricto, un criterio muy exigente que los funcionarios públicos deben cumplir si quieren regular la libertad de expresión. El auto del tribunal concluía que "la ley no supera el escrutinio estricto porque no está adaptada estrictamente ni es necesaria para evitar interferencias con los agentes de policía, dadas otras leyes de Arizona en vigor".

La orden del tribunal refleja la realidad de que las grabaciones ciudadanas han sido fundamentales para la rendición de cuentas de la policía, sobre todo en el caso de George Floyd, asesinado por agentes de policía de Minneapolis en 2020. Lamentablemente, otras legislaturas estatales están tramitando leyes similares, que instamos a los gobernadores a vetar. Debemos preservar una herramienta fundamental para que los ciudadanos exijan responsabilidades a quienes tienen el máximo poder: la autoridad para emplear fuerza letal.